Como "histórica", tildan los medios impresos la reforma sanitaria del Presidente Obama. Habrá que ver si al final este cambio resulta algo histórico o, más bien, "mucho ruido y pocas nueces". Es importante destacar que una gran potencia como Estados Unidos haya sido durante tantos años (desde los comienzos de su historia) un país que no concibe la Sanidad como un derecho, donde cada año mueren más de 200 mil estadounidenses por problemas de salud que pudieron haberse tratado en hospitales tanto públicos como privados. La Sanidad no es un servicio, sino un negocio.

Un país tan avanzado en algunos aspectos, que sorprende su modo de gestionar algo tan básico como es el seguro médico, en manos de aseguradoras privadas que no tienen otro fin que el lucrativo. Se elige el tipo de seguro que encaja con cada uno, el hospital donde se desea ser tratado, y ellos se encargan del papeleo. Ofrecen varios modelos entre los que elegir (uno más escueto, en el que el asegurado tiene acceso a determinados servicios sin coste añadido; otro, un poco más caro pero más común, en el que se eligen médicos y hospitales dentro de una lista; y el último, similar al anterior pero con la diferencia de que si se elige un médico fuera de la lista, se paga del propio bolsillo). La mayoría de las personas que cuentan con un seguro lo obtienen de las empresas para las que trabajan, aunque no están obligadas a ofrecer un seguro a todos los contratados. El resto de ciudadanos, con o sin trabajo, que no puedan costearse un seguro gratuito, si quieren estar cubiertos, tienen que comprar una póliza a las aseguradoras privadas.

Burocracia pura y dura, en la que la mayor inversión se realiza para evaluar los riesgos que puede presentar una persona: no debe olvidarse de mencionar si tiene el azúcar muy alto, presenta síntomas de alguna enfermedad o se rompió algún hueso de pequeño. Me imagino al médico diciéndole a su paciente: "Lo siento mucho, pero no podemos asegurarle porque es una persona con propensión al infarto". Condenado por una insuficiencia cardíaca, tendrá que buscar un mejor postor, no vaya a dejar su vida en manos de alguien que no cobre un duro por él. Y así están esas personas que, con su trabajo fijo y una vida deseable, ven truncados sus planes de futuro porque resulta que han tenido que vender su casa para costearse los gastos de una operación que, maldita su suerte, necesitan para vivir. Y en peores condiciones están los parados. No son ni uno ni dos, en América a estos casos les sobran ceros.

En la teoría, Estados Unidos es el país que más recursos destina a Sanidad, concretamente un 16% del PIB. En la práctica, qué contradicción... ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Dónde están los resultados? Obama, "el salvador", llega con una nueva reforma. Bien es cierto que, al empezar su campaña, Sanidad era uno de sus objetivos prioritarios. Parece que en esto no ha mentido. Con este "salto histórico", el Presidente de EE.UU. pretende proteger a los 47 millones de personas que carecen de seguro médico, que podrán comprar pólizas a las aseguradoras privadas a un coste inferior a los precios actuales. Los que no dispongan de dinero suficiente podrán pedir al gobierno un subsidio para obtenerlas. Pero la calidad de la cobertura va a seguir dependiendo en gran medida de las aseguradoras privadas, con la diferencia de que, con la nueva ley, no podrán excluir a los clientes que enfermen ni poner un tope en las compensaciones que los pacientes reciban.

Es el mayor cambio en la sanidad nacional en más de 80 años y sorprende que se traduzca en 219 votos a favor y 212 en contra. Pero, ¿no es para mejor? ¿Por qué tanta oposición? Resulta, por una parte, una batalla "perdida" para las aseguradoras, que no podrán negar la cobertura a personas con enfermedades de largo tratamiento a partir de 2014. Pero también es cierto que, de entrada, ganan 47 millones de personas ahora no aseguradas que, con la aplicación de la nueva norma, deben comprar una póliza. Por otra parte, los estadounidenses se plantean el coste de la reforma, que no les hace ninguna gracia. Los detractores (en su gran mayoría Republicanos) acusan a Obama de aumentar el poder del Estado en una cuestión personal, y de poner al borde de la bancarrota a la nación y a sus generaciones futuras con el inmenso coste de estos nuevos cambios: 940.000 millones de dólares en 10 años.

Llegados a este punto, cabe plantearse si finalmente la reforma aprobada, como ejemplo de un país democrático, se lleva a cabo como tal. Si las presiones no superan a las intenciones, si la oposición se torna en unanimidad y los principios que rigen la nueva ley no sucumben a las perversiones de los que, con todo esto, sacan menor tajada. Un hecho definido como "histórico" que, para bien o para mal, dará mucha guerra.